“Es un escándalo la precariedad en la universidad española”: el Gobierno eliminará los falsos profesores asociados

“Es un escándalo la precariedad en la Universidad española”. El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha debutado en el Congreso este viernes para presentar sus planes de legislatura. El catedrático ha lamentado las condiciones laborales de muchos profesores universitarios, que se ha comprometido a mejorar a través de un Estatuto del Personal Docente Investigador, ha anunciado que bajará los precios máximos que pueden cobrar las universidades por las tasas –que se dispararon por la crisis en algunas comunidades autónomas–, revisará el sistema de becas, ha mostrado su esperanza de sacar adelante una nueva ley de universidades con consenso y ha anunciado, tras preguntarle desde Ciudadanos, que quiere trabajar con las universidades para crear una web que centralice todas las ofertas laborales que saquen las universidades.

Castells se ha presentado en el Congreso fiel a su estilo desenfadado. El ministro ya ha dado muestras de que no va a ser tan políticamente correcto como otros compañeros, como cuando el mismo día de su toma de posesión afirmó que no le gustaba que el Gobierno hubiera separado los ministerios de Ciencia y de Universidad.

Un ejemplo de esto ha sido cuando, hablando de lo necesaria que es la formación virtual, pese a que ha sido denostada por ser de baja calidad actualmente, ha afirmado que en España se han creado algunas universidades online que son “una estafa”, aunque no ha querido dar nombres.

Adiós, asociados

Ante la Comisión de Ciencias, Innovación y Universidades, Castells se ha mostrado escandalizado por las condiciones laborales de algunos profesores en la Universidad y ha afirmado que el nuevo estatuto del PDI eliminará los falsos profesores asociados, una figura precaria –profesionales que cobran 300 o 600 euros al mes por dar clases– que ha proliferado notablemente durante los años de crisis hasta el punto de suponer ya el 43% de las plantillas docentes y superar ya a los titulares, la principal figura docente en los campus.

“Vamos a acabar gradualmente en esta legislatura con la precariedad del profesorado universitario y de investigadores, mejorando sus condiciones de trabajo y salario y sobre todo estabilizando su trabajo. La bolsa de precariedad en la universidad es de las más grandes en el país. Es un escándalo, además de un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración para jóvenes investigadores, sin perspectivas. Los asociados no se hicieron para esto”, ha afirmado el ministro, para rematar contundente: “Se acabó”.

No ha dicho sin embargo el ministro cómo lo hará, aunque sí ha afirmado que creará nuevas figuras en el estatuto, cuyo borrador presentará el próximo mes. Ahí deberían figurar, además de estas nuevas figuras, el desarrollo de la carrera docente e investigadora, o las condiciones laborales que tendrán los docentes. En una versión anterior de este borrador, elaborado por el anterior titular, Pedro Duque, se tanteaba la posibilidad de crear figuras de profesor titular y catedrático (las más altas en la docencia universitaria) de carácter laboral, no funcionarios, que en este momento no existen. Sea la que sea la solución que ofrezca el Gobierno, va a necesitar dinero.

De tasas y otros planes

Castells también ha informado de que llevará a cabo una medida que viene anunciándose hace tiempo, la rebaja de las tasas universitarias. Deshará las medidas incluidas en el ínclito Real Decreto 14/2012, que impuso los recortes en Educación del PP. El Gobierno quiere eliminar la horquilla que introdujo el exministro Wert en su momento, por el que las Comunidades Autónomas, que tienen las transferencias, podían establecer el coste de las matrículas entre el 15% y el 25% de su precio real.

Esta medida se tradujo, con esta libertad de elección autonómica, en que en Catalunya o Madrid los precios subieran entre el 200% y el 300% en algunas carreras, mientras en Galicia o Andalucía no se tocaron, disparando las diferencias regionales en el coste de estudiar en la universidad. El problema que se va a encontrar el ministro es que muchas comunidades utilizaron esta posibilidad para rebajar la financiación pública a las universidades, caída que se compensó con la subida de lo recaudado en tasas. Desandar ese camino ahora forzará a los Gobiernos regionales a subir la financiación pública para compensar el dinero que dejarán de recibir de las familias, como le recordaron algunos diputados de la oposición. “¿De dónde van a salir los fondos?”.

El ministro quiere ahora rebajar el máximo y eliminar el mínimo, de manera que los precios en las diferentes comunidades autónomas se armonicen. Castells ha recordado que uno de los problemas con este sistema, en el que se paga una parte del todo, es que es muy difícil saber con exactitud cuánto cuestan los estudios. Este inconveniente, ha recordado el ministro, podría arreglarse con la implementación en las universidades de la llamada contabilidad analítica, un complejo sistema de cuentas que no todas las universidades tienen implantado.

El discurso de Castells ha gustado a la oposición, dentro de ciertas discrepancias. Quizá haya sido porque, como le ha dicho Marta Marín, de Ciudadanos, “ha sido más académica que política”. Sin embargo, los grupos le han reprochado que sea ministro de un ministerio en el que no cree, a lo que el ministro les ha pedido que le critiquen por lo que haga como ministro, no por lo que escribiera hace unos años. “Sigo defendiendo todo lo que he escrito”, ha explicado, “pero las opiniones tienen un contexto. Júzguenme por lo que haga aquí”, ha pedido.

El ministro también ha tenido tiempo para desglosar el resto de sus planes, algunos de ellos ya en marcha. Por ejemplo, las visitas a las 50 universidades públicas para escuchar a todos los grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de servicio), lo que el ministerio llama “el ministro escucha”, que tuvo su primer episodio en el País Vasco la semana pasada. De este proceso, explicó el ministro, saldrá un documento que Castells “sueña” –esa expresión ha utilizado en la Comisión– con llamar “los estados generales de la universidad española” para su debate y, eventualmente, acabar creando una nueva ley de universidades.

Muy al final del debate y tras ser interpelado al respecto por Ciudadanos, el ministro ha contado que tiene intención de crear una web específica que centralice todas las ofertas laborales que sacan las diferentes universidades, una larga reivindicación de los profesores, que denuncian que en ocasiones es imposible acceder a las ofertas porque están ocultas en las webs de las universidades.

Castells también ha hablado de la EBAU, la prueba de acceso a la Universidad. Y lo ha hecho para de alguna manera contradecir a su homóloga de Educación, Isabel Celaá. La ministra afirmó ayer que le parecen normales las diferencias en la prueba entre comunidades autónomas, responsables del examen. Castells ha afirmado este viernes que no puede haber tantas diferencias entre regiones y que se ha creado un grupo de trabajo con Educación para establecer unos “criterios mínimos de equidad”. ¿Cuáles? “Los contaremos cuando los tengamos”, se ha autorespondido.

La bronca del día la ha tenido el portavoz de Vox, Pedro Fernández, con el presidente de la Comisión, y no precisamente por algo relacionado con la Universidad. Marín, de Ciudadanos, había abierto la veda de preguntarle al ministro por su participación en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y Catalunya. Esta intervención debió coger por sorpresa al presidente, que dejó terminar a la diputada. Pero no estaba dispuesto a permitir que la Comisión derivara en eso, y cuando Fernández ha tratado de emular a Marín se ha encontrado con la negativa tajante del presidente. El diputado de Vox ha lamentado el agravio comparativo, pero el presidente se había plantado. Tras un tenso intercambio, Fernández ha accedido a continuar hablando de universidades.